¿Y la “mano invisible”? El Estado y la economía en tiempos de Coronavirus

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Han sido meses complejos para el bolsillo fiscal y, con la rápida expansión de la pandemia, el gobierno ha debido tomar medidas preventivas que implicarán importantes costos para la economía nacional. Con un mercado global desgastado por los duros efectos del coronavirus, resulta oportuno discutir sobre el concepto de “intervención”.

Liquidez para las empresas

El jueves 19 de marzo, el Ministerio de Hacienda entregó un plan económico de alrededor de  US$11.750 millones para hacer frente a la crisis causada por el COVID-19. El monto, que es equivalente al 4,7% del PIB anual de Chile, está orientado a reforzar el presupuesto del sistema de salud, a la protección de los ingresos de los hogares, a la postergación de pagos previsionales del impuesto a la renta, del IVA y de contribuciones para pequeñas y medianas empresas, entre otras.

Benjamín Villena, economista e investigador del Instituto Milenio para el Estudio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP), mira con buenos ojos el plan del gobierno, aunque al desconocer la extensión temporal de las medidas de distanciamiento social, afirma que su relevancia efectiva todavía no se puede medir. Comenta que el sentido de implementar estos cambios es aumentar la liquidez, esto es, la cantidad de dinero disponible por parte de las empresas para pagar obligaciones de corto plazo, especialmente a proveedores y trabajadores.

¿Qué efectos trae una intervención de esa magnitud? Para el experto, se trata de evaluar las consecuencias que hubiese tenido la inacción del Estado a mediano plazo en la recaudación fiscal: “Muchas empresas pequeñas habrían resultado insolventes y el fisco habría perdido una significativa cantidad de recaudación futura por las ventas realizadas en estas empresas”.

El rol del Estado

En adición al plan impulsado desde Hacienda, el gobierno de Sebastián Piñera decretó “Estado de excepción constitucional”, lo que permite, entre otras cosas, la fijación de precios. Sobre esta facultad, el ministro de Economía, Lucas Palacios, recalcó que desde el Ejecutivo iban a disponer de “todos los medios legales para evitar abusos y especulación de precios”.

Al respecto, y considerando el funcionamiento del mercado en relación a la oferta y demanda, Juan Escobar, Director del Instituto Milenio MIPP y académico de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, señala que hay argumentos de eficiencia asignativa para justificar la intervención: “La restricción de precios generaría una asignación uniforme de alcohol y mascarillas entre los hogares ricos y pobres, lo que es mejor que la situación actual en que estos bienes se concentran en muy pocas manos”.

Para Escobar, esta intervención tiene un tiempo límite, debido al alto costo que una medida agresiva como esa implica, y porque la autoridad tiene muy poca información sobre el mercado, lo que puede llevar a que cometa errores que afecten la provisión de bienes en el largo plazo.

“En una situación como la actual es claro que el precio está muy por sobre los costos marginales de producción y esto puede tener consecuencias sanitarias importantes. Se debe intervenir, pero solo mientras dure la crisis”, afirma el director del MIPP.

En sintonía con los dichos de Juan Escobar, Benjamín Villena agrega que la forma de manejar un momento crítico, tanto a nivel económico como sanitario, se relaciona con garantizar una política que contemple “un acceso generalizado de este tipo de insumos, junto con una política educativa que incentive a las personas a reducir los riesgos de contagio”.