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Los costos, dificultades y falta de incentivos de la litigaci\u00f3n privada para la reparaci\u00f3n del medio ambiente han significado que exista un escaso n\u00famero de procedimientos de reparaci\u00f3n y que la mayor\u00eda de los casos de da\u00f1o ambiental terminen en la impunidad. Un inter\u00e9s p\u00fablico y difuso como la reparaci\u00f3n del medio ambiente requiere, al rev\u00e9s de nuestro sistema, que se den facilidades a quienes litigan por para asegurar su reparaci\u00f3n, sea el Estado, los Municipios o los privados.<\/p>\n
Una segunda v\u00eda es la responsabilidad administrativa. En este sentido, lamentablemente, Chile no tiene ninguna figura de responsabilidad administrativa asociada al da\u00f1o ambiental. Como sabemos, la ley 20.417 le otorg\u00f3 a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) facultades fiscalizadoras y sancionadoras, pero las acot\u00f3 al incumplimiento de instrumentos de gesti\u00f3n. El da\u00f1o ambiental y el da\u00f1o a la salud de las personas pueden ser agravantes en una sanci\u00f3n, pero lo que el organismo est\u00e1 llamado a sancionar son las actividades que se encuentran fuera de las normas de emisi\u00f3n o de las resoluciones de calificaci\u00f3n ambiental, independiente de sus consecuencias. La configuraci\u00f3n de estas facultades funciona desde los precursores del da\u00f1o y eso parece adecuado, pero olvida que se requieren acciones desde el territorio mismo. Urge que la SMA tenga una potestad espec\u00edfica en este sentido.<\/p>\n
La tercera v\u00eda es la responsabilidad penal. Como sabemos, nuestro pa\u00eds no tiene tampoco una legislaci\u00f3n de este tipo, a pesar de la copiosa discusi\u00f3n que ello ha generado en el Congreso, donde podemos encontrar un importante n\u00famero de boletines, en ambas c\u00e1maras, que tratan sobre la necesidad de establecimiento del delito. La responsabilidad penal puede tener un importante elemento en t\u00e9rminos de disuasi\u00f3n del da\u00f1o y ayudar a llevar investigaciones m\u00e1s eficientes en los casos graves donde se requiere que intervenga el Ministerio P\u00fablico y las polic\u00edas. Sin embargo, es muy importante la precisi\u00f3n en la construcci\u00f3n del tipo penal, pues debe por una parte respetar los principios del derecho penal y, por otra, no convertirse en un tipo imposible de probar, pues si ya es dif\u00edcil la prueba del da\u00f1o ambiental en sede civil, el est\u00e1ndar de prueba penal podr\u00eda volverla irrealizable.<\/p>\n
De esta breve revisi\u00f3n podemos concluir, primero que nada, que la normativa de responsabilidad ambiental en Chile es exigua e insuficiente. Esta conclusi\u00f3n est\u00e1 en l\u00ednea con lo observado en la Evaluaci\u00f3n de Desempe\u00f1o Ambiental de la OCDE en 2016, donde se constata la inexistencia de un sistema administrativo de responsabilidad por da\u00f1os, y la falencia del sistema de responsabilidad civil, se\u00f1alando que este sistema \u201cdifiere de la pr\u00e1ctica dominante en los pa\u00edses de la OCDE, donde la responsabilidad por da\u00f1o ambiental es estricta, es decir, que en la mayor\u00eda de los casos no requiere pruebas que demuestren la conducta il\u00edcita o la negligencia de la parte responsable<\/i>.\u201d (OCDE, 2016, p.123). En materia de delitos ambientales, la OCDE recomienda plantearse la posibilidad de establecerlos. (OCDE, 2016, p31)<\/p>\n
As\u00ed las cosas, en esta discusi\u00f3n parece importante no perder de vista la \u00edntima conexi\u00f3n que existe entre estos sistemas de responsabilidad a la hora de propender a sus objetivos finales; prevenir el da\u00f1o y repararlo en su caso. Las modificaciones normativas en torno a estos sistemas de responsabilidad debieran por lo tanto considerar la complementariedad entre ellos y que cada uno ser\u00e1 insuficiente sin la posibilidad del otro, pues act\u00faan en niveles distintos para proteger el bien jur\u00eddico que queremos resguardar.<\/p>\n
El sistema civil requiere de un cambio que lo adec\u00fae a los est\u00e1ndares propios del derecho ambiental, estableciendo responsabilidad estricta e invirtiendo la carga de la prueba. La firma y ratificaci\u00f3n del Convenio de Escaz\u00fa significar\u00e1 un avance en esta materia, la adecuada interpretaci\u00f3n de los Tribunales Ambientales podr\u00eda ser otro avance. Mientras tanto, en materia administrativa y penal se deben crear los espacios para la intervenci\u00f3n efectiva de los \u00f3rganos p\u00fablicos pertinentes, modificando la ley 20.417 por una parte, y estableciendo delitos ambientales, por la otra.<\/p>\n
Una reforma en torno a la responsabilidad ambiental no puede olvidar las dificultades a que nos enfrentamos los ciudadanos al querer hacer valer las responsabilidades de los contaminadores, ni tampoco que las consecuencias terminan significando da\u00f1os considerables a bienes jur\u00eddicos de gran importancia; la vida, la salud y el medio ambiente para las generaciones presentes y los que vendr\u00e1n.<\/p>\n
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