{"id":1811,"date":"2020-10-14T17:23:16","date_gmt":"2020-10-14T21:23:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.mipp.cl\/miradas\/?p=1811"},"modified":"2020-10-29T10:43:01","modified_gmt":"2020-10-29T14:43:01","slug":"protesta-violencia-y-cambio-constitucional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.mipp.cl\/miradas\/protesta-violencia-y-cambio-constitucional\/","title":{"rendered":"Protesta social, violencia y cambio constitucional"},"content":{"rendered":"

Chile tiene la mayor tasa de conflicto per c\u00e1pita en Am\u00e9rica Latina. Le sigue, pero lejos, Venezuela. Esta violencia pol\u00edtica forma parte\u00a0del proceso constituyente, sugieren los autores. As\u00ed ocurri\u00f3 en muchas otras partes\u00a0del mundo. La evidencia comparada ense\u00f1a otras dos cosas: el cambio constitucional puede \u201cayudar a atenuar el conflicto\u201d. Pero ello ser\u00e1 gradual y depender\u00e1 de cu\u00e1nto cambie la distribuci\u00f3n de poder.<\/strong><\/h4>\n
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Desde hace un par de semanas, los disturbios volvieron a Plaza Italia. Diversas voces se han levantado llamando a condenar la violencia. Obviamente, todos queremos vivir en un pa\u00eds pac\u00edfico y donde los conflictos pol\u00edticos sean resueltos mediante el di\u00e1logo. Pero creer que dicho objetivo puede conseguirse mediante declaraciones de intenciones, supone una ingenuidad dif\u00edcil de entender.<\/p>\n

En esta columna consideramos una aproximaci\u00f3n distinta, en la cual entendemos el conflicto social como un elemento integrante, lo queramos o no, del actual momento constituyente. Esto implica que, por una parte, la violencia pol\u00edtica es un determinante fundamental a la hora de reformar las instituciones y que, por otra parte, el cambio constitucional procesa y encauza esa misma conflictividad.<\/p>\n

La evidencia comparada muestra, en primer lugar, que el cambio constitucional debiera ser una herramienta efectiva a la hora de canalizar el descontento social y disminuir los niveles de violencia callejera. Pero, enseguida, tambi\u00e9n sugiere que esta disminuci\u00f3n ser\u00e1 gradual y distendida en el tiempo. Resulta esencial, por lo tanto, asumir la existencia de tensiones sociales en Chile, y acompa\u00f1ar el proceso constituyente con los mecanismos institucionales m\u00e1s apropiados para incorporar a la ciudadan\u00eda y encauzar el conflicto.<\/p>\n

EL CONFLICTO Y EL CAMBIO CONSTITUCIONAL EN CHILE<\/h3>\n

Comencemos mostrando alguna evidencia para nuestro pa\u00eds. La base de datos ACLED es una de las m\u00e1s utilizadas por la literatura especializada y sistematiza episodios de violencia pol\u00edtica en m\u00e1s de 150 pa\u00edses[1]<\/sup><\/a>. Desde el a\u00f1o 2019 cubre el conflicto en Am\u00e9rica Latina, lo cual permite mirar los hechos de violencia en Chile desde una perspectiva comparada. Si consideramos el n\u00famero de conflictos por cada 100,000 habitantes, nuestro pa\u00eds durante el 2019 fue el que tuvo la mayor tasa de violencia pol\u00edtica en la regi\u00f3n. Es decir, nuestro pa\u00eds lidera con bastante distancia una de las regiones m\u00e1s conflictivas del mundo, con una tasa que supera en un 50% las protestas y desmanes del segundo pa\u00eds m\u00e1s conflictivo, Venezuela, durante el mismo per\u00edodo de tiempo. Con todo, hay que tener en cuenta que los eventos en Chile tienen una menor intensidad relativa que las batallas, guerrillas o ataques terroristas que enfrentan otros pa\u00edses.<\/p>\n

Figura 1:
\n<\/strong>Efectos del acuerdo constitucional del 15\/11<\/strong><\/p>\n

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Por otra parte, tambi\u00e9n es importante considerar que la frecuencia de los disturbios y protestas violentas vienen disminuyendo desde el acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Como ACLED registra eventos diariamente, podemos evaluar su impacto sobre el estallido social en Chile. La figura 1 muestra el n\u00famero de conflictos, considerando la media m\u00f3vil semanal para atenuar la varianza de los datos.<\/p>\n

Resulta evidente que hubo un dr\u00e1stico descenso en la frecuencia de conflictos en los d\u00edas que siguieron al acuerdo. Entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, el promedio de disturbios diarios era cercano a 40, mientras que durante las semanas siguientes ese n\u00famero se redujo a menos de 15. Lo anterior representa una disminuci\u00f3n cercana al 60% en la frecuencia diaria de conflictos. Hay que tener en cuenta que la tasa de coerci\u00f3n estatal, medida a partir del n\u00famero de detenciones, se mantuvo constante durante dicho per\u00edodo[2]<\/sup><\/a>. Antes del acuerdo hubo cerca de 234 detenciones, mientras que la semana posterior fue de 230. Ello sugiere que la baja corresponde a un descenso de la movilizaci\u00f3n, antes que la respuesta a un aumento de la represi\u00f3n estatal.<\/p>\n

Finalmente, los datos de ACLED muestran que el clima de protesta y violencia social se mantiene en Chile durante el a\u00f1o 2020. Aunque disminuye la distancia respecto a los otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, nuestro pa\u00eds mantiene las mayores tasas de conflicto per c\u00e1pita. En s\u00edntesis, las protestas violentas est\u00e1n lejos de haber desaparecido.<\/p>\n

EL CONFLICTO Y EL CAMBIO CONSTITUCIONAL EN EL MUNDO<\/h3>\n

\u00bfQu\u00e9 ocurre en otros pa\u00edses que durante los a\u00f1os que enfrentan un cambio constitucional? Para estos efectos, consideremos todos los cambios constitucionales recogidos desde 1960 en el Proyecto de Constituciones Comparadas[3]<\/sup><\/a>. Posteriormente, evaluemos la frecuencia con que ocurren disturbios o protestas violentas en una ventana de 5 a\u00f1os centrada en el cambio constitucional. Los datos de conflicto social provienen principalmente del Instituto de Investigaci\u00f3n por la Paz de Oslo (PRIO)[4]<\/sup><\/a>,\u00a0 as\u00ed como de la base de datos del Centro Cline de la Universidad de Illinois (SPEED)[5]<\/sup><\/a>. Las figuras 2 y 3 muestran los \u00edndices de conflicto, con el a\u00f1o del cambio constitucional destacado en color verde.<\/p>\n

La evidencia agregada muestra un aumento considerable de disturbios y protestas violentas en el a\u00f1o que precede a la nueva constituci\u00f3n, para luego disminuir en los a\u00f1os sucesivos. El \u00edndice de PRIO muestra un aumento de un 25% promedio durante el a\u00f1o previo al cambio constitucional, mientras que en el \u00edndice de SPEED el aumento es de un 35%. Es importante hacer presente que el a\u00f1o en verde corresponde a la promulgaci\u00f3n de la constituci\u00f3n, pero la redacci\u00f3n de la misma tarda 14 meses en promedio (PNUD, 2016). Por tanto, este aumento sugiere que el espacio de tiempo en que se extiende el proceso constituyente supone mayor conflictividad de lo habitual.<\/a><\/p>\n

Figura 2:
\n<\/strong>Antes y despu\u00e9s del cambio constitucional seg\u00fan PRIO<\/strong><\/p>\n

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\u00bfQU\u00c9 PODEMOS APRENDER DE ESTA EVIDENCIA?<\/h3>\n

Aunque para sostener un argumento de causalidad ser\u00eda necesario desarrollar una estrategia de an\u00e1lisis de datos m\u00e1s exigente, los datos anteriores muestran dos sencillas relaciones entre el conflicto y el cambio constitucional. En primer lugar, los procesos de cambio constitucional muchas veces vienen precedidos; y hasta cierto punto, acompa\u00f1ados, por disturbios y protestas violentas.<\/p>\n

Figura 3:<\/strong><\/p>\n

Antes y despu\u00e9s del cambio constitucional seg\u00fan SPEED<\/strong><\/p>\n

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Tomemos el ejemplo de Sud\u00e1frica durante la d\u00e9cada de los 90. Seg\u00fan la generalidad de los expertos, su proceso constituyente jug\u00f3 un rol determinante en disminuir los niveles de violencia, as\u00ed como generar las condiciones para el di\u00e1logo social y traer estabilidad a un pa\u00eds profundamente dividido por a\u00f1os de segregaci\u00f3n racial.\u00a0 No obstante, es importante recordar que el impulso definitivo para este proceso ocurre luego de una escalada de protestas y disturbios que se acent\u00faan con el asesinato del l\u00edder opositor Chris Hani[6]<\/sup><\/a>. Una historia similar puede apreciarse revisando los procesos constitucionales de Francia, Irlanda o Colombia[7]<\/sup><\/a>. De hecho, la probabilidad de cambiar una constituci\u00f3n en democracia aumenta al doble en presencia de conflicto social.<\/p>\n

En segundo t\u00e9rmino, el cambio constitucional canaliza y ayuda a atenuar el conflicto social. La evidencia del acuerdo del 15 de noviembre es ilustrativa en este sentido. Con todo, la experiencia comparada tambi\u00e9n ilustra que la ca\u00edda del conflicto no es autom\u00e1tica. El cambio institucional incide en la protesta de manera gradual y distendida en el tiempo. Es importante entender que el cambio constitucional establece una nueva distribuci\u00f3n de poderes que solo se ver\u00e1 reflejada en las pol\u00edticas p\u00fablicas a mediano y largo plazo. En este sentido, la capacidad del proceso constituyente para afectar positivamente nuestros niveles de conflicto depende de la manera en que se ejecute.<\/p>\n

En definitiva, parece razonable exigir que el proceso constitucional canalice pol\u00edticamente el descontento social y genere una disminuci\u00f3n en los niveles de violencia callejera. Sin embargo, esta disminuci\u00f3n se dar\u00e1 gradualmente. Aunque queramos acelerar el proceso, la violencia es un fen\u00f3meno complejo y para salir de nuestra crisis actual necesitaremos una larga progresi\u00f3n de buenas decisiones.<\/strong> Por ahora, pareciera aconsejable aprovechar la ventana que abre el pr\u00f3ximo plebiscito para trabajar en mecanismos institucionales que fomenten la inclusi\u00f3n, la participaci\u00f3n y el dialogo social.<\/a><\/p>\n

Por\u00a0Alejandro Corval\u00e1n<\/a>\u00a0y\u00a0Diego Pardow<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Este art\u00edculo fue originalemnte publicado en el proyecto CIPER\/Acad\u00e9mico<\/strong><\/a>.<\/p>\n

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NOTAS Y REFERENCIAS<\/strong><\/h6>\n
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