El cierre de escuelas a nivel mundial fue una de las primeras acciones que se tomaron para evitar la propagación del covid-19. Aunque la suspensión de clases ayudó a disminuir los contagios, la política también tuvo consecuencias poco favorables: deterioro de aprendizajes, aumento de brechas y el crecimiento de la deserción escolar son solo algunas de las que han sido destacadas por la Organización de Naciones Unidas.
‘Una vez que la transmisión local de covid-19 esté controlada, devolver a los alumnos a la escuela e instituciones de enseñanza de la manera más segura posible debe ser una de las prioridades fundamentales’, indicó en 2020 el secretario general de la ONU, António Guterres.
Desde entonces, otras organizaciones han sumado antecedentes respecto a la importancia que tienen las reaperturas.
En el caso del país, un reciente estudio liderado por investigadores del Instituto Milenio Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (Mipp) junto a académicos de la U. de Chile repara en el rol fundamental que la asistencia presencial a clases tiene en el bienestar de niños y adolescentes, siendo uno de los canales más usados para denunciar casos de violencia y abuso.
Según dan cuenta sus datos, si en 2019 el promedio de denuncias por lesiones y violencia psicológica a menores era de 175 a la semana, a partir del cierre de colegios estas denuncias no alcanzaron a ser 100 por semana.
En base a estas cifras, los investigadores estiman que 14.419 denuncias que se habrían hecho en situaciones normales de apertura de colegios no fueron realizadas a raíz del cierre de los establecimientos educativos.
Cifra conservadora
Los datos analizados corresponden a denuncias que se hacen a nivel país y que son observadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, indica Damian Clarke, investigador del Instituto Milenio Mipp y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile.
Se relacionan con ‘tres tipos de denuncias: violencia física con lesiones menores, con lesiones graves y también violencia psicológica’. Se examinaron cifras hasta diciembre de 2021.
El especialista repara en que es muy probable que el maltrato contra niños y adolescentes haya aumentado durante la pandemia. Esto como consecuencia de un mayor estrés familiar y un acceso limitado a otras fuentes de apoyo en época de cuarentenas, entre otros factores. De ahí que los autores del estudio planteen que la cifra de cerca de 15 mil denuncias faltantes —a la que se llegó usando datos previos a la pandemia como parámetro—, pueda ser incluso mayor.
‘Lo que calculamos es menos de lo que probablemente está ocurriendo. Es una estimación que llamamos conservadora’, explica Pilar Larroulet, académica del Instituto de Sociología de la U. Católica y parte del equipo detrás de la investigación.
‘Está claro que los profesores y el personal general de las escuelas juegan un rol fundamental como canales de derivación. De ahí la importancia de este tema, que ha sido menos explorado que otras consecuencias’, agrega Larroulet a propósito del cierre de establecimientos.
La académica continúa: ‘El maltrato tiene efectos a largo plazo. En términos de educación, salud, empleo, movilidad social y comportamiento social. Esto hace que sea particularmente relevante identificar tempranamente señales de abuso’.
Espacio de contención
Claudia, directora de un establecimiento educativo en Puente Alto, comenta que ‘uno va detectando estas cosas a través de entrevistas, del relato de los niños. Cuando tú hablas de acciones correctas e incorrectas, de tratarse mal, gritarse o golpear, algunos dicen ‘en mi casa eso pasa’. A través de estas experiencias educativas, ellos empiezan a descubrir que eso no es normal’.
Carolina Quintas, directora del Colegio Aprender de La Pintana, cuenta que en 2021 ‘junto al equipo psicosocial detectamos que había bajado la cantidad de denuncias que como colegio estábamos gestionando. En un año normal, son entre cinco y ocho denuncias las que debemos realizar ante Carabineros por vulneración de derechos de niños y jóvenes. Estas denuncias, en su mayoría, surgen por relatos de estudiantes que de manera voluntaria y por su propia iniciativa nos confiesan estar siendo víctimas, principalmente, de agresión física reiterada en el tiempo, o de abuso sexual’.
A fines de 2020, apenas tuvieron el visto bueno para retomar la presencialidad, el colegio se preparó para recibir progresivamente a sus alumnos. ‘Para nosotros la preocupación no era solo el rezago escolar, sino también la privación de espacios de contención y recreación’.
En ese sentido, Larroulet advierte que ‘Latinoamérica es el continente que más clases ha perdido, que ha tenido más tiempo los colegios cerrados y donde más tiempo se ha estado con clases remotas. Y en lo remoto es muy difícil identificar señales tempranas de abuso’.
Damian Clarke explica que según los datos analizados, entre los escolares que se han visto más afectados por la falta de denuncias de violencia están los de 11 a 13 años. A esas edades la caída de acusaciones se muestra más pronunciada.
Los datos analizados en el estudio llegan hasta diciembre de 2021, época en que varios colegios del país ya habían vuelto a reabrir sus puertas. A pesar de esto, los investigadores advierten que incluso entonces las cifras de denuncias por maltrato no alcanzan el promedio prepandemia.
Los académicos creen que si bien influye que muchos establecimientos siguieron estando cerrados, también incide que varias escuelas abiertas tuvieron muy baja asistencia.
‘Lo que queremos mostrar con este paper es la importancia de volver al colegio más allá del tema académico, que ya es uno tremendo. Hay que dejar en claro que los colegios juegan un rol social fundamental’, dice Damian Clarke.
En un estudio recientemente publicado en el International Journal of Public Health, el investigador del Instituto Milenio MIPP Patricio Valenzuela y otros académicos, analizaron los efectos económicos de la crisis sanitaria y el rol de las dificultades financieras en la salud mental y el bienestar de las personas.
La investigación realizada por académicos de las Universidades de Chile y Católica, entre ellos el investigador del Instituto Milenio MIPP, Damian Clarke, deja en evidencia la importancia de las escuelas como canal para detectar situaciones de violencia infantil que puedan estar sufriendo niños y niñas en sus hogares.
El estudio “The Social Divide of Social Distancing: Shelter-in-Place Behavior in Santiago during the Covid-19 Pandemic”, donde participó el investigador del MIPP Marcel Goic y otros académicos del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, permitió al Ministerio de Salud saber si es que las cuarentenas estaban siendo efectivas o no utilizando datos de telecomunicaciones.
