El mundo ha sido golpeado por una crisis sanitaria sin precedentes en el último siglo. Si bien esta situación había sido prevista por diversos estudios de epidemiología (vea, por ejemplo, Cheng et al. (2007), no existía una preparación específica para la velocidad de expansión del COVID-19 y la variabilidad con la que afecta a los infectados, generando respuestas en un amplio espectro, desde casos asintomáticos, difícilmente detectables, a otros mortales. Estas características hacen más difícil de trazar la infección que otras recientes epidemias como el SARS, AH1N1, MERS y Ébola, forzando a muchos Gobiernos a decretar restricciones severas a las actividades productivas y el desplazamiento de los ciudadanos (confinamiento o lockdown).
Sociedades y Gobiernos se han visto enfrentados al dilema de extender el confinamiento con el fin de reducir la propagación del virus e incurrir en un enorme costo económico asociado a ello, o abrir la economía y enfrentarse a un posible recrudecimiento de la pandemia, con riesgo de copar la capacidad hospitalaria y elevar la mortalidad. Si bien se ha planteado por diversos actores sociales que los Gobiernos deben elegir entre la vida de las personas y la economía, es cuestionable que se pueda definir una línea divisoria clara en este sentido. El funcionamiento normal de la economía tiene beneficios de salud y de bienestar innegables para la vida de las personas. Por ejemplo, como reporta la Tercera, atenciones de salud no relacionadas con COVID-19 han decaído enormemente durante el confinamiento, lo que es probable que genere un aumento de enfermedades y muertes por falta de detección temprana en enfermedades físicas y mentales. Los despidos masivos que se han observado seguirán produciéndose a raíz del confinamiento, y los cierres de empresas afectarán los empleos y la salud mental y física de millones de personas en el mundo (Janke et al. 2020). Por el contrario, una política que superficialmente priorice sólo la “economía” sin decretar cuarentenas, generará una enorme mortalidad, el colapso de los servicios de salud y terminará en un distanciamiento social de facto y disruptivo de actividades esenciales, con una enorme pérdida de recursos además de las vidas humanas.
Naturalmente, el confinamiento tiene un efecto importante sobre la reducción de la tasa de contagio, salvando una gran cantidad de vidas y dando la oportunidad a los sistemas de salud de poder hacer frente a los requerimientos asociados a la pandemia. Existe, por lo tanto, lo que llamamos un trade-off, es decir, la existencia de dos o más opciones que conllevan costos y beneficios asociados, los que deben ser sopesados adecuadamente. Un gran número de economistas están escribiendo artículos de investigación a una velocidad inusitada, evaluando teórica y cuantitativamente los costos y beneficios asociados a las opciones de política disponibles. La cantidad de trabajo realizado en las últimas semanas es enorme y no pretendemos extraer una revisión global de las investigaciones en que se están llevando a cabo en la extensión de este artículo. En su lugar, intentamos explicar y comentar algunas ideas puntuales que atañen de un modo especial a países como Chile.
Pandemia no significa lo mismo para todos los trabajadores
Un aspecto que destacamos es la diversidad del impacto de la pandemia en distintos grupos de la población. En primer lugar, si bien es fácil notar que los infectados tienen pronósticos muy diferentes de acuerdo con sus edades, las implicancias económicas que tiene el COVID-19 requieren de un análisis más detenido. Usualmente, son los jóvenes quienes se ven más afectados por las restricciones productivas derivadas de las cuarentenas, ya que estos dependen más de un ingreso laboral que los ciudadanos de mayor edad, quienes pueden recibir pensiones o rentas no vinculadas al trabajo. Al mismo tiempo, los jóvenes tienen menos activos financieros (o presentan mayores niveles de endeudamiento). Esto significa que la cuarentena tiene un efecto redistributivo de importancia, desde personas jóvenes de menor riqueza hacia personas mayores con mayor riqueza (Glover et al. (2020). Por lo tanto, la política de confinamiento, si bien logra disminuir la propagación del virus y, por ende, la mortalidad, genera un costo desigual entre distintos grupos de ciudadanos y a su vez, una redistribución de bienestar regresiva, es decir, que favorece a grupos más aventajados en términos de ingreso y riqueza.
Otro aspecto de importancia es la posibilidad que tienen los diferentes trabajadores de realizar sus tareas eficientemente en la modalidad de teletrabajo. Ocupaciones y sectores económicos que no tienen este tipo de empleos, ven fuertemente disminuida su productividad con el consiguiente riesgo de despido por fuerza mayor, especialmente en empresas pequeñas. Dingel y Neiman (2020), basándose en descripciones detalladas de ocupaciones, estiman que un 44% de los empleos en Estados Unidos pueden realizarse en teletrabajo. Saltiel (2020), realiza un análisis similar a economías de países subdesarrollados y estima este porcentaje en alrededor del 10% para Bolivia y Colombia, países donde aproximadamente más del 30% de trabajadores y trabajadoras utiliza computador en su empleo y pueden considerarse con alguna factibilidad de teletrabajo. La economía chilena posiblemente se encuentre en un nivel intermedio. A esta dimensión, que podríamos catalogar como un factor de oferta laboral, Kaplan, Moll y Violante (2020) consideran específicamente bienes y servicios que no son demandados en la pandemia, porque conllevan una interacción personal cercana con otras personas y no resultan indispensables para sobrevivir (no esenciales). Trabajadores en estos sectores enfrentan un shock negativo en su demanda de trabajo. En esta categoría cae el turismo, industrias de la entretención y servicios personales. Al estudiar estos elementos en un modelo de agentes heterogéneos de equilibrio general, los autores cuantifican los costos disímiles de pandemia en distintas ocupaciones y sectores que difieren en la flexibilidad para realizar teletrabajo, su dependencia en actividades sociales presenciales y su carácter esencial durante la emergencia.
Desde un punto de vista macroeconómico, el teletrabajo mitiga significativamente el impacto negativo de la pandemia sobre la oferta de trabajo. Este tipo de trabajadores preservan sus empleos y perciben una estabilidad razonable de sus ingresos durante la pandemia, por lo que no disminuyen significativamente su consumo. Consecuentemente, esto atenúa el efecto negativo sobre la demanda y, por ende, sobre la producción de bienes y servicios en general. Las empresas no enfrentan una disminución tan aguda de sus ventas, evitándose así una contracción importante de la demanda por trabajo. En contraposición, las ocupaciones de carácter social necesariamente presencial son las más golpeadas en su bienestar debido al confinamiento. Estas consideraciones evaluadas conjuntamente, nos hacen conjeturar que el impacto económico del COVID-19 en Chile será más negativo que en economías con una estructura sectorial y ocupacional más afín al teletrabajo.
Pandemia, producción en el hogar y género
Un elemento adicional que se vincula con la capacidad de teletrabajo es la estructura familiar. Los trabajadores con niños y niñas en edad escolar podrían enfrentar los requerimientos laborales de teletrabajo o del trabajo presencial en actividades esenciales, con dificultades adicionales para mantener su productividad. Además, dentro de este grupo debemos destacar que las mujeres, especialmente madres, que llevan a cabo una porción mayoritaria del trabajo doméstico y del cuidado de los niños y niñas, pueden verse severamente afectadas en sus perspectivas laborales (Alon et al. (2020), y Farré y González, sobre el caso de España, 2020). Es esperable que la crisis golpee en mayor medida a hogares monoparentales, usualmente con jefa de hogar mujer, que ya se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad. La participación laboral femenina relativamente baja en Chile en comparación internacional, permite un margen de flexibilidad en el uso del tiempo presumiblemente mayor a otros países, al menos en el corto plazo, puesto que hay un mayor porcentaje de personas especializadas en tareas del hogar.
La situación de confinamiento pone relevante la importancia de la producción de bienes y servicios al interior del hogar, que afectan significativamente el nivel de bienestar. Una evaluación del aumento de producción en el hogar debiera ser incluida en las medidas de bienestar utilizadas para evaluar el impacto de las medidas de confinamiento, una consideración poco enfatizada hasta ahora. De los elementos anteriores se concluye que los costos del confinamiento son mayores en hogares que tienen poca flexibilidad para ajustar su uso del tiempo, ya sea por factores ocupacionales, estructura familia o factores culturales.
Pandemia e informalidad laboral y financiera
Una dimensión adicional por considerar es la informalidad de los empleos. La naciente investigación asociada al impacto del COVID-19 ha tenido un análisis limitado de este tema, ya que la mayor parte de los estudios consideran la situación de países desarrollados. En el caso chileno, con cifras previas a la pandemia en torno a 28% de informalidad del empleo, es importante destacar el impacto en la población potencialmente más afectada desde un punto de vista económico y sanitario. Esta consideración se acentúa aún más en economías de países emergentes y subdesarrollados, los que mantienen niveles de informalidad mucho más altos.
Además del aspecto informal del empleo, normalmente se aprecian dificultades de acceso al sistema bancario en quienes poseen empleos informales. Si bien en Chile se ha avanzado bastante en esta materia durante los últimos años, aún quedan grupos sin un acceso fluido al sistema financiero. Según la Encuesta Financiera de Hogares 2017, sólo un 38% de los hogares poseen una cuenta corriente bancaria, mientras que un 79% poseen cuenta vista. Esto resulta ser una dificultad importante para la focalización de las políticas paliativas del COVID-19 anunciadas por el Gobierno de Chile. Al carecer de formalización laboral y de acceso a cuentas bancarias, las personas más vulnerables aumentan su exposición al contagio al tener que visitar presencialmente lugares de alta afluencia de público para obtener la ayuda estatal. La falta de medios de pago electrónico para personas fuera del sistema bancario, les dificulta acceder al comercio electrónico, por lo cual deben comprar presencialmente, aumentando su exposición al contagio. En contraste con esta realidad, quienes poseen acceso a cuentas bancarias pueden recibir directamente los recursos del Gobierno y realizar un confinamiento voluntario u obligatorio, con costos de bienestar menores y por un período más extenso de ser necesario.
Por otro lado, la coyuntura actual puede constituir una oportunidad para el Estado de incentivar la formalización y acceso al sistema bancario de un segmento relevante y vulnerable de la población. Además de subsidios directos, el Estado puede ofrecer microcréditos comunitarios al estilo del Grameen Bank, en los cuales los préstamos se realizan a grupos de personas o emprendedores en los que todo el grupo es conjuntamente responsable del cumplimiento.
El Grameen Bank y su fundador Muhammad Yunus, desarrollaron métodos pioneros de microcrédito en Bangladesh tendientes al financiamiento e integración de comunidades pobres. Sus actividades fueron galardonadas con el Premio Nobel de la Paz en 2006. Esta institucionalidad refuerza actividades colaborativas y de monitoreo grupal, que presumiblemente elevan el esfuerzo grupal y mejoran las tasas de cumplimento de las obligaciones financieras. La implementación de estos mecanismos de formalización y acceso bancario en la presente situación, pueden tener efectos positivos de largo plazo en la economía chilena.
Estrategias para enfrentar la pandemia
Un aspecto fundamental en las estrategias para reducir la necesidad de confinamiento, es la realización de tests de detección del virus en forma masiva y, al menos parcialmente aleatorio. La presencia de un alto porcentaje de portadores asintomáticos (estimado en el 40% de los infectados en Vo, Italia (Lavezzo et al, 2020)), implica que esta política es esencial para frenar la propagación del virus. Piguillem y Shi (2020), estiman que una aplicación de testeos masivos en Italia sería una estrategia considerablemente menos costosa que realizar un confinamiento muy estricto, con resultados sanitarios comparables. Otros autores, en la frenética publicación académica de estas últimas semanas, han llegado a conclusiones similares (como, por ejemplo, Jones et al. (2020); Eichenbaum et al. (2020); y Álvarez et al. (2020)). Si bien esta política parece ser muy razonable, la implementación práctica, disponibilidad de tests y la capacidad de procesamiento de éstos en un tiempo que resulte útil para la toma de decisiones de los Gobiernos, posiblemente permite racionalizar por qué estas estrategias no han sido aplicadas con la intensidad deseable.
El confinamiento o cuarentenas obligatorias o voluntarias han motivado a Gobiernos de todo el mundo a articular planes de apoyo temporal a empresas y trabajadores, cuyas fuentes de ingresos han sido especialmente afectadas por la pandemia. Ya que la evidencia empírica disponible muestra que los ingresos laborales, tras un período de desempleo, disminuyen sustancialmente con posterioridad a un despido, es razonable que los Gobiernos se enfoquen preferentemente en evitar la destrucción de empleos, más que en proporcionar subsidios de cesantía una vez que los despidos se hayan materializado.
Por otro lado, proporcionar financiamiento a empleadores y trabajadores durante el confinamiento, reduce la posibilidad de que estos últimos realicen acciones de búsqueda de empleo que pueden traducirse en exposición a contagios por interacción social. Si consideramos que un motivo importante para buscar un nuevo trabajo para personas que ya están trabajando es el riesgo de despido percibido, contar con ayuda estatal temporal mitigará estas acciones, reduciendo posibilidades de contagio y limitando la competencia por los escasos nuevos empleos disponibles, entre trabajadores que ya cuentan con un empleo y aquellos desempleados.
Las acciones del Gobierno chileno se han orientado principalmente a proporcionar ayuda financiera que permita la mantención de puestos de trabajo durante la pandemia. Desde luego, los detalles de la implementación de estas medidas son importantes y definirán, en buena medida, la recuperación de la economía posterior a la crisis, pero también afectarán la velocidad de avance de los contagios.
Un poco más allá de la crisis
Finalmente, presentamos una perspectiva de mediano plazo. Cuando estén disponibles vacunas y/o tratamientos antivirales efectivos contra el COVID-19, se presentará la disyuntiva de cómo financiar el cuantioso déficit fiscal que habremos incurrido para solventar las medidas paliativas de esta pandemia. Si bien la situación fiscal de Chile no muestra un endeudamiento público tan elevado en comparación a otros países, la dinámica de aumento de la deuda antes de la pandemia y del estallido social, era algo preocupante. Esto sugiere que se requerirán nuevas fuentes de financiamiento futuros para mantener niveles prudentes de endeudamiento y equilibrar las cuentas fiscales.
Nuevas disyuntivas se presentarán en un mundo que vivirá una recesión global, con mayores riesgos y costos al financiamiento. Esto hará aún más necesario nuevos aumentos de impuestos, generándose discusión pública sobre quiénes debieran aumentar su carga tributaria. Considerando la redistribución durante la pandemia de recursos de jóvenes de bajo ingreso y trabajos presenciales hacia adultos mayores sin ingreso laboral, la tributación sería más fuerte y progresiva incluso de lo que se preveía tras el estallido social con un propósito compensatorio.
