Política fiscal y bienestar

Nov 9, 2021 | Covid-19, Desarrollo y crecimiento, Desigualdad

Ha pasado más de un año desde que la OMS calificara como una pandemia al covid-19. Desde entonces, países en todo el mundo han adoptado medidas para minimizar el daño en el corto y largo plazo.

Parte importante ha ido enfocada a ayudar a las familias por las pérdidas de empleo. Según datos del FMI a marzo de 2021, en las economías avanzadas, el desempleo pasó de 4,8% en 2019 a 6,6% a finales de 2020. En Chile pasó de 7,2% a 10,8% en el mismo periodo.

Las empresas también fueron afectadas. La utilidad del S&P 500 cayó en 11,5% el 4T-2020 con respecto al año anterior. A su vez, se incrementó el riesgo de insolvencia, especialmente entre las pymes con menor caja disponible, mayor dependencia de financiamiento a través de deuda y más difícil acceso a líneas de crédito.

Los gobiernos han salido en apoyo con un gasto fiscal de US$16 billones desde que empezó la pandemia hasta marzo de 2021. Sin los planes de estímulos estaríamos ante una crisis mucho mayor. Sin embargo, en la mayoría de los países se ha contado con la emisión de deuda para financiar las políticas de ayuda en vez de recursos ahorrados, llegando el endeudamiento a niveles históricamente altos. El efecto negativo más claro y directo del crecimiento en la deuda es el aumento en el pago de intereses futuros, erosionando recursos que, de otra manera, serían destinados a prioridades más urgentes para cada país.

Una consecuencia más difícil de estimar, y que genera gran preocupación, es el avance de la inflación, tanto en Chile como en el mundo. El IPC de agosto en EE.UU. fue de un 0,4%, alcanzando un 4,3% en doce meses, el salto más importante desde 1991.

Se debe poner en el debate el equilibrio entre el bienestar de largo plazo, y el apoyo a empresas y personas a causa de la crisis.

En el caso de Chile, subsidios estatales como el IFE y los retiros desde las AFP han creado presiones inflacionarias significativas. El Banco Central dio a conocer en el IPoM de septiembre sus estimaciones del IPC, donde la inflación anual se proyecta que alcanzará un 5,7% a finales de este año y durante el primer semestre del 2022 se mantendrá por sobre el 5%. Teniendo en cuenta que la inflación afecta más a la gente de ingresos medios y bajos, resulta urgente tomar medidas que la controlen. Una respuesta fue la subida de tasas de interés hasta 1,5%, muy por sobre lo esperado.

Las consecuencias y evolución económica y social siguen siendo inciertas. Las políticas fiscales y monetarias para las ayudas han sido sin precedentes en tamaño, rapidez y alcance. Sin embargo, se debe empezar a poner en el debate cuál es el equilibrio entre crecimiento económico y bienestar de la población a largo plazo, y el apoyo a empresas y personas en situaciones de emergencia a causa de la crisis.


 

Este artículo fue originalmente publicado en La Segunda.

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